BLOQUE DIÁLOGO POR BS AS

Diez puntos de acuerdo por la seguridad democrática

2009-12-31T09:27:00.000-08:00

UN AMPLIO ABANICO POLITICO Y SOCIAL LO SUSCRIBE

El acuerdo considera un engaño al discurso de la mano dura, analiza la responsabilidad del Estado y la gestión democrática de las instituciones de seguridad.

Las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito y la fuerte dosis de exclusión y violencia que domina el debate público y orienta muchas de las acciones del Estado en la materia exigen una discusión abierta y pluralista, capaz de alcanzar acuerdos básicos sobre políticas democráticas de seguridad que atiendan las legítimas demandas de la sociedad.

Esta situación exige instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.

1 El Estado frente al problema del delito

En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria.

En los últimos años, algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.

2 El engaño de la mano dura

Las políticas de mano dura no han reducido el delito, han aumentado la violencia y, en algunos casos, hasta han amenazado la gobernabilidad democrática.

La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.

Los reiterados fracasos de estas políticas han sido utilizados para insistir con las mismas recetas, en una espiral irresponsable que nunca rindió cuenta de sus resultados.

Esta sucesión de intervenciones erradas ha constituido un impedimento para la profesionalización de las policías y ha potenciado la acción de redes de ilegalidad en las que intervienen funcionarios públicos.

3 Responsabilidad del Estado

El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio y goce de sus derechos. La construcción de una ciudadanía respetuosa de la ley es el camino indicado, pero si la ley resulta quebrantada, el Estado debe proveer los medios necesarios para individualizar a los responsables y sancionarlos cuando corresponda.

Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una Justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garantice la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio, y un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido resocializador.

4 Una concepción integral de la seguridad

La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.

Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.

5 Gestión democrática de las instituciones de seguridad

Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, requiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. La historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos, que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar incluso la gobernabilidad democrática.

Los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.

6 Desactivar las redes del delito para reducir la violencia

Las medidas meramente represivas con las que se insiste ante cada crisis de inseguridad apuntan a perseguir los pequeños delitos y a los autores más jóvenes, bajo la falsa creencia de que así se limita el avance de la criminalidad.

La realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a la acción de poderosas redes delictivas y a un importante mercado ilegal de armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas.

Por lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales. El Ministerio Público Fiscal, en coordinación con las autoridades de gobierno, tiene un rol fundamental en estas tareas.

Una policía judicial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, traerá transparencia en la investigación penal preparatoria.

7 Gestión policial no violenta en el ámbito público

La gestión democrática de la seguridad debe garantizar la regulación del accionar policial en los operativos en el espacio público, tales como espectáculos deportivos, recitales, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas. Para ello es fundamental establecer con rango normativo estándares de actuación en el espacio público, de modo de asegurar un uso de la fuerza proporcional, racional y subsidiario y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

8 El papel de la Justicia

El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una doble responsabilidad fundamental en el impulso de políticas de seguridad democráticas, en la investigación rápida y eficaz de los delitos y el control sobre el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y la violencia institucional.

9 Cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho

En nuestro país hay cerca de sesenta mil personas privadas de libertad. Las condiciones inhumanas de detención, los índices sostenidos de sobrepoblación en cárceles, comisarías e institutos de menores, la ausencia de reinserción social, las prácticas sistemáticas de violencia, tortura y una enorme mayoría de presos sin condena son los rasgos más evidentes de los lugares de detención.
Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver.

10 Un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia

Para cumplir con la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos en el marco de estos principios democráticos es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.

FIRMAS QUE APORTAN AL CONSENSO

El abanico político que sostiene el acuerdo es amplio, más de 200 firmas iniciales.

Entre los legisladores nacionales figuran Agustín Rossi, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Adela Segarra y Adriana Puiggrós, (FPV); Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín (UCR); Fernando Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur); Victoria Donda y Cecilia Merchan (Libres del Sur); Martín Sabbatella, Carlos Heller y Vilma Ibarra (NEPyS); Mónica Fein, Jorge Rivas y Ariel Basteiro (PS); Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte (CC); Margarita Stolbizer (GEN); Felipe Solá (PF) Giustiniani, Rubén (Sen. PS); Solá, Felipe (Dip. Peronismo Federal); y Rubén Giustiniani (Sen. PS).

Entre los legisladores de las diferentes provincias aparecen Sandra Cruz y Fernando Navarro (Dip. PBA-FPV); Luis Malagamba y Jaime Linares (dip. PBA-GEN); Marcelo Brignoni, y José Tessa (dip. Sta. Fe-EDE); Carlos Martínez, Carlos Morello y Paula Sánchez (dip. de Libres del Sur por Chaco, Salta y Neuquén, respectivamente); Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova (Leg. porteños Nuevo Encuentro); Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo (Leg. porteños Diálogo por Bs. As.). Por otro lado, Hermes Binner (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco) ya habían sumado sus firmas entre los gobernadores; y Daniel Salvador, como presidente de la UCR bonaerense.

Entre las organizaciones sindicales, los titulares de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, además de Víctor De Gennaro y Víctor Mendivil, por la CTA y la Comisión por la Memoria. También firmaron como referentes sociales, religiosos y de la cultura, Luis D’Elía (Mov. Tierra y Vivienda); Edgardo Depetri (Frente Transversal); Emilio Pérsico (Movimiento Evita); Humberto Tumini y Jorge Cevallos (Libres del Sur); Roberto Baigorria (Coord. Nac. Barrios de Pie); Eduardo De la Serna (Curas en opción por los pobres); además, por la Comisión Provincial por la Memoria firman Miguel Hesayne (obispo emérito); Daniel Goldman (Rabino); Martha Pelloni; Aldo Etchegoyen (obispo metodista-Comisión por la Memoria y APDH). También Néstor Borri (Nueva Tierra); Néstor Picone, Mary Sánchez; Laura Berardo (Libres del Sur). En el ámbito de la Cultura, León Gieco; Ricardo Foster y Horacio González (Carta Abierta); Mempo Giardinelli y Tito Cossa (Comisión por la Memoria). Por la Comisión por la Memoria también Hugo Cañón, Adolfo Pérez Esquivel (también del Serpaj); Laura Conte (por las Madres, CELS, CPM); Alejandro Mosquera, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, María Verónica Piccone, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimacci y Leopoldo Schiffrin (Comisión por la Memoria). Entre los organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en conjunto; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; la APDH; Hijos; el Serpaj y la Fundación Memoria Histórica y Social. También dieron su apoyo Raquel Wittis y los Familiares de Luciano Arruga con la APDH de La Matanza. Y especialistas como el ex camarista federal y ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense León Arslanian; el ministro de la Corte Suprema y docente de Derecho de la UBA, Raúl Zaffaroni; Marcelo Saín (ex secretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la PSA); Enrique Font (Derecho, Univ. Nac. Rosario); Alberto Binder, Martha Arriola, Gabriel Kessler, Luis Tibiletti, Gustavo Palmieri (CELS), Luis Lugones, Ana Clement (directora de la Licenciatura en Seg. Ciud.); Juan Tokatlian (UTDT); Sofía Tiscornia (UBA); Mario Coriolano (Prof. Derecho Unlap, representante argentino en el Comité Contra la Tortura ONU); Pablo Alabarces (UBA e investigador Conicet); Máximo Sozzo, (Univ. del Litoral); Gabriel Bombini (Univ. Nac. de Mar del Plata); Martín Appiolaza (Univ. Nac. de Mendoza); Jorge Perano (Univ. Nac. de Córdoba); Gabriel Ganón (Univ. Nac. de Rosario). Hugo Trinchero (Decano Filosofía, UBA); Mónica Pinto (Coordinadora del Programa DDHH, UBA); Damián Loretti (vicedecano Fac. de Sociales, UBA); Víctor Abramovich (Cels y Centro de DDHH-Univ. de Lanús, PBA); Gustavo E. Lugones (rector de la Univ. Nac. de Quilmes); Enrique Font (Cátedra de Criminología y Política Criminal, Fac. de Derecho, UN Rosario); Daniel Erbetta (Dep. de Derecho Penal y Criminología, Fac. de Derecho UN Rosario); Eduardo Basualdo y Daniel Azpiazu (Flacso); Jorge Perano (Fac. de Derecho Univ. Nac. de Córdoba); Carlos Acuña (Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Udesa) y Carolina Smulovitz (directora del Dto. de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de UTDT). Se agregan otras firmas de representantes e instituciones de diferentes ámbitos que aún estaban en proceso de confirmación.

Fuente: anibalibarra.org y Página 12

Respuesta equivocada

2009-01-07T19:41:00.000-08:00

A C E R T Ó . . . es en la Ciudad de Buenos Aires

2009-01-07T19:35:00.000-08:00

Aumentan los trámites hasta un 350 por ciento

A partir del lunes 11 de enero aumentaran hasta un 350 por ciento distintos trámites en la Ciudad, como la obtención del registro de conducir, mientras que aquellos que se realizan en el Registro Civil se volverán a arancelar. También entraran en vigencia dos nuevos impuestos: a los grandes generadores de residuos orgánicos y al metro cuadrado de demolición.

*Nota relacionada:

Naddeo pide que los aumentos vuelvan a la Legislatura

Ver nota completa en La Razón

Espionaje PRO

2008-12-07T10:11:00.001-08:00

Un informe a la medida del PRO

La noticia se conoció el viernes. El arquitecto Juan Carlos Poli, de 64 años, fue contratado por el gobierno porteño, se hizo pasar por fumigador y recorrió la villa 31 y 31 bis.

El engaño a la buena fe de los vecinos que le abrieron las puertas de sus casas, tuvo como objetivo reforzar los argumentos del ejecutivo de la Ciudad, para plantear el desalojo de los terrenos, basándose en la supuesta precariedad y riesgo de las construcciones. Miradas al Sur habló con Jaime Sorín, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano de la UBA (Fadu), que se refirió al tema afirmando que “la actitud de Poli es criticable como persona, más que como arquitecto. Pero lo grave del asunto es que demuestra la incapacidad del gobierno porteño para darse cuenta de que el camino para resolver el problema de la Villa 31 es el diálogo con los vecinos y la búsqueda de una salida consensuada. Y no el desalojo compulsivo”.

Sorín agregó que en la Ciudad hay unas 700 mil personas con problemas de vivienda, contando las que viven en asentamientos, inquilinatos, pensiones o directamente en la calle. “Esta situación, de suma gravedad, sólo se podrá resolver, con el diálogo y con política de viviendas populares, en las que los vecinos participen. La gente construye para arriba en la Villa 31, por algo muy simple: no tiene dónde ir. Y no hace falta recorrer la villa durante treinta días para darse cuenta de la precariedad de las viviendas. Cualquiera que pase por allí lo puede apreciar. Hablamos de un barrio en el que se estima que viven entre 30 mil y 70 mil personas, no se puede llegar de golpe y querer sacarlos a la fuerza”, remató el decano.

En el informe presentado por Poli, se señala que recorrió las 56 manzanas del barrio tomando notas y fotos. El resultado de la exploración de incógnito es fácil de imaginar. Sus conclusiones fueron que las estructuras tienen pocas garantías de seguridad, que se construye en terrenos sin un estudio del suelo, que se usan ladrillos huecos para apoyar las losas de los pisos de altura, y que hay un alto riesgo de derrumbe. Lo que se dice un informe hecho a la medida de la administración PRO. [Diario Miradas al Sur]

Inconstitucionalidad grosera

2008-11-28T18:00:00.000-08:00

La Justicia porteña tildó de "inconstitucionalidad grosera" una medida de la Ciudad contra alumnos.

Se trata de la que exigía a los directores de escuelas la confección de un acta con los nombres de los estudiantes que participaron de las tomas en agosto pasado en rechazo del recorte de becas. El fallo anuló la intentona del ministro Narodowski.

La Justicia porteña calificó hoy de "inconstitucionalidad grosera" a la disposición que emitió el ministro de Educación de la Ciudad, Mariano Narodowski, que exigía a los directores de escuelas la confección de un acta con los nombres de los alumnos que participaron de las tomas en agosto pasado en rechazo del recorte de becas estudiantiles.

El fallo que anula la disposición 495499/08, difundida el 26 de agosto pasado por la dirección de Educación de Gestión Estatal porteña, fue en respuesta a la medida cautelar solicitada por el legislador del bloque Diálogo por Buenos Aires Gonzalo Ruanova.

El legislador, en su presentación, pedía la declaración de la "inconstitucionalidad" de la disposición dirigida a los directores de las escuelas en conflicto y que instaba a confeccionar un listado con los nombres de los alumnos que protagonizaban en las tomas.

Esas medidas de fuerza eran el marco de un plan de lucha de los estudiantes tras el recorte de becas escolares dispuesto por la gestión del jefe de Gobierno Mauricio Macri.

En ese marco, la Justicia porteña hizo lugar a la medida cautelar solicitada y dispuso, en consecuencia, "la anulación por inconstitucionalidad grosera" de la disposición "en la parte que dice que ante una ocupación o toma de un establecimiento educativo deberán ser asentados en el acta los nombres de las personas que ocupen el edificio". [Agencia Télam]

La Política de los forros

2008-10-27T06:06:00.000-07:00

Insistir sobre las políticas sanitarias del PRO acaso sea una pérdida de tiempo. Si se es capaz de entender la ideología de los líderes del neopopulismo de derecha que gobierna hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin dudas es una pérdida de tiempo. Pero no es perder el tiempo volver sobre esos tópicos que son asuntos públicos, cuando existen víctimas y afectados por las políticas sanitarias del PRO.

Aprovechando la herramienta conceptual ya desplegada en esta revista (que Macri no es que no hace sino que por el contrario, hace y deshace), redunda en la indiferencia con que su fuerza política está tratando al programa de reparto gratuito de preservativos en hospitales públicos, centros asistenciales y organización es no gubernamentales que se ocupan de lo que no se ocupa el estado comunal, es decir, enterar a los no enterados sobre el uso y la función que suele cumplir ese casquete de goma vulgarmente llamado forro, por ejemplo discotecas y colegios.

Esta posición tal vez no debería sorprender si se recuerdan las no tan añosas posiciones del PRO en materia de educación sexual y de unión civil entre homosexuales. La normativa fue aprobada a pesar de cerril negativa de la Iglesia y de algunos de sus representantes civiles particularmente en la atrabiliaria figura del ex legislador Jorge Enríquez, un radical de derecha (si se disculpa el oxímoron).

“Hace meses que el gobierno de la ciudad no entrega preservativos, y esto es un gran retroceso porque no había sido fácil instalar el tema en las consultas hospitalarias”, dijo hace unos días a un matutino porteño el secretario del comité de sida del Hospital Ramos Mejía.

Este año, el año del PRO, no hubo preservativos en los hospitales (que contaban con cinco millones que se repartían anualmente entre las treinta y tres instituciones), que tuvieron que arreglarse ante la demanda pública, con los sobrantes del 2007 y con el millón de unidades cedidas por la Nación. Esta situación, sotto voce, sirvió para despejar otra: la falta de insumos y suministros sanitarios en general y la falta de insumos y suministros sanitarios en particular para testeos de VIH, sumados al cierre de los dispensarios donde se efectuaban los análisis.

Problemas de presupuesto: como si la lógica del capitalismo argentino, prebendario y periférico, no necesitara, todavía, de la reproducción de su fuerza de trabajo, o bien la necesitara sólo una elite, un grupo de privilegiados e ignorantes de lo que llevan y traen sus cabezas.

A ese argumento (repugnante), lógicamente lo sostiene otro: imantados por las palm, los I Pod y el resto de la bazofia que inventa la inteligencia de los países centrales para mejorar el control social, las chicas y chicos PRO están sometidos a un obstáculo epistemológico que se replica en una ceguera ideológica que a su vez se replica en otro error político y filosófico: que el pragmatismo no tiene ideología y que cada uno se salva como puede.

Esa es la responsabilidad según Ari Paluch, abaratada para disfrazar cómo vigilar y cómo castigar. A falta de una economía, represión pedida por radio, con voz suave y pautada, clásico de gordo dormilón.

Las denuncias sobre las violaciones a los compromisos de poder político con la sociedad civil, fueron de varias asociaciones civiles y ONG embarcadas en el cuidado, la erradicación, detección y cronificación de la perfidia de ese virus que finalmente aterrizó en la Legislatura, donde la Diputada Gabriela Alegre (de Diálogo por Buenos Aires) confeccionó ocho pedidos de informes con destino al Ejecutivo, de los cuales sólo el último tuvo respuesta, y acaso por el sonoro ruido de los clarines que hubiera producido otro desaire en un tema que compromete la salud pública de todas las vecinas y todos los vecinos y no sólo de los infectados o eventuales infectados.

El ministro de Salud PRO, Jorge Lemus, no tuvo respuesta, no tiene respuesta y al parecer no tendrá respuesta. El ministro nunca tiene respuestas y cuando habla –o cuando lo dejan hablar- es para que a los cinco minutos tenga que desdecirse. ¿Será otro de los objetivos del Guasón? Es posible. Pero antes de que se vaya (si es que se va), o de que lo echen (si es que lo echan), ya hizo el trabajo sucio: pedir la renuncia de los treinta y tres directores de los hospitales porteños y lo más importante, centralizar en el Ejecutivo la compra de insumos sanitarios.

Seamos claros: la diputada Alegre recibió, en la Comisión de Salud del Palacio de las Leyes, de boca del titular de la salud del PRO, primero una respuesta (“es un problema administrativo, hay cuatro millones de preservativos que están por distribuirse”), y a los días otra que –consta en versión taquigráfica- negaba la anterior: reconocía que no existían esos preservativos.

Seamos pragmáticos: si los insumos sanitarios están centralizados en el Ejecutivo, también centralicemos (o autoricemos) qué tipo de respuesta dar a los medios que la pidan. Así sucedió después de que el escritor y periodista Pedro Lipcovich, de Página|12, destapó cómo ahorra el PRO en la dimensión enfermedades inmunodepresivas en la prevención del sida. Seamos pragmáticos, el Guasón identifica la salud pública como un gasto y toma como excusa que las enfermedades no son de derecha o de izquierda, reconociendo, quizá de manera inconsciente, que la derecha y la izquierda existen y que la Parca, a la hora del sablazo, no tiene en cuenta la ideología: lástima que se escapó la ideología.

Este medio sólo pudo hablar con el doctor Marcelo Losso, jefe del servicio de inmunocomprometidos y secretario del comité de sida del Hospital Ramos Mejía. El resto, las secretarías de los responsables de la misma área del Hospital de Clínicas, del Hospital Fernández, del Hospital Rivadavia, dijeron que los profesionales no hablan con periodistas sin autorización previa de la central de prensa del Ejecutivo, cerrando el círculo virtuoso de la centralización, sanitaria e informativa.

Sin embargo, La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires hizo público, a principios de mes, que las quejas de los usuarios son múltiples, alcanzando un 64 por ciento de unanimidad respecto a la dejadez y suciedad de los hospitales.

Para que esa desidia continúe es que hacen falta los forros.

[Por Pablo E. Chacón: Noticias Urbanas]

Nota relacionada

El ministro salió por la cocina.

2008-09-09T20:31:00.001-07:00

El miedo mueve montañas

Y, en este caso, la montaña tiene nombre y apellido: Mariano Narodowski. Para evitar una interpelación, el Ministro de Educación finalmente concurrió a la Legislatura. Fue cuestionado por la oposición y tuvo que salir por la cocina cuando los estudiantes presentes se desbordaron.

“Que cagazo, que cagazo, sino nos dan las becas, se viene el estudiantazo”, cantaban sin cesar los estudiantes que participaron de la reunión de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, mientras se acercaban más y más al ministro Mariano Narodowski, quien ante el desborde salió intempestivamente por la cocina poniendo fin al encuentro.

Tal como informó adnciudad.com, el bloque de diputados del PRO había decidido que el Ministro de Educación no concurriera a la reunión que estaba prevista para este martes. La misma se había estipulado para evitar que la oposición avanzara con una interpelación en el recinto básicamente por el sistema de becas, las demoras en la implementación del plan de infraestructura escolar y los reclamos salariales de los docentes.

Este martes, luego de varias negociaciones y cuando la interpelación era casi un hecho, Narodowski anunció que iba a concurrir a la Legislatura. Para esto, el presidente de la Comisión de Educación, Enrique Olivera, ya había desempatado la votación para posibilitar que se incluyera este tema en el temario a tratar. “Obviamente mi voto es positivo”, dijo Olivera seudoparafraseando a Julio Cobos, ante la risa y los aplausos de los presentes.

Es que había once diputados presentes, y había cinco a favor de incluir la interpelación y cinco en contra. Con el voto de Olivera había mayoría, pero un llamado le advirtió que en breve iba a hacer su llegada Narodowski.

Lo cierto es que, tarde pero seguro, el Ministro concurrió a la Legislatura y durante más de tres horas intentó responder todas las inquietudes. Además, reiteró su propuesta de discusión de una nueva ley de otorgamiento de becas para lo cual hay varios proyectos ya presentados.

También reconoció que en la implementación de la medida se habían cometido errores, pero insistió con que “ningún chico que necesite una beca se va a quedar sin ella”.

A cada respuesta del funcionario, precedían insultos y gritos por parte de muchos de los estudiantes presentes. “Se acaba la paciencia”, “Renunciá”, “Para quién gobernás”, se escuchaba constantemente. Ante lo cual, tanto Olivera como el vicepresidente de la Comisión de Educación, Fernando de Andreis (PRO), pedían una y otra vez silencio y respeto, aunque ninguno de los dos requerimientos fue escuchado.

Además, la reunión también fue aprovechada por los sectores opositores para hacer preguntas sobre todas las áreas de gestión. Se habló de la falta de vacantes en el sur de la Ciudad; de la relación entre la Fundación Cimientos y el Gobierno de la Ciudad; la cantidad de becas otorgadas, por otorgar y las que no se entregarán; y las obras del plan de infraestructura, entre otros temas… [ADN Ciudad: por Alejandra Lazo]

Corriendo el arco...

2008-07-22T21:17:00.000-07:00

El Gobierno derogó la resolución 125 y se acabó el conflicto. Lo dijo el presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens. Lo dijo, a su modo, la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Y también la mayoría de los medios de comunicación que acompañaron durante estos cuatro meses la protesta de las cámaras agropecuarias. En cambio, Eduardo Buzzi desentonó al afirmar que a los pequeños productores eso no les alcanza y fue como si se hubiera quedado hablando solo.

El viernes pasado, segundos después de que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, anunciara que todo volvía atrás, a Buzzi lo llamaron de un canal de televisión y el periodista, que en estos cuatro meses nunca lo había incomodado, casi lo retó por sus reclamos. “La verdad que no se entiende mucho su planteo”, “¿No era que pedían que se derogara la resolución 125?”, “Me parece que está corriendo el arco”, fueron algunas de las frases del entrevistador que escuchó el presidente de la Federación Agraria.

Buzzi habrá sentido que algo se terminaba. El y sus aliados de la Sociedad Rural y la CRA habían corrido el arco durante cuatro meses y casi nadie desde los medios les había dicho nada. Es más, casi nunca le habían repreguntado nada. Y cuando, por entonces, él pedía más que los beneficios que le dio el Gobierno (reintegros, subsidio a los fletes, 30 por ciento de retenciones) los medios eran solidarios, pero ahora que, gracias al voto de Julio Cobos, volvieron al status del 10 de marzo y perdieron todo eso, lo cuestionan.

Si no lo sabía, quizás en ese momento haya entendido que en la sociedad que armaron, la Federación Agraria sostenía los cortes de ruta pero la alianza mediática la aportaban la Sociedad Rural y la CRA. Si para estas entidades el conflicto terminó, las cámaras de TV se apagarán para la FAA y el enjambre de micrófonos, cables y luces se evaporará como los lujos de la Cenicienta cuando llegó la medianoche.

Buzzi había dicho, allá por marzo, respecto de la Sociedad Rural: “No nos une el amor sino el espanto”. Quizás íntimamente haya usado el mismo apotegma para justificar el elogio público que le hizo al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. O para disimular las presencias non sanctas en el acto de la avenida Libertador. O para aplaudir a Alfredo De Angeli, cuando dijo que todos los que estaban allí eran “la democracia”, “el pueblo”, “la Patria”. Puede ser que la situación lo haya incomodado, pero se quedó allí.

En cambio De Angeli dejó la sensación de que se sentía más a gusto con el discurso de la SRA que con el de la FAA. Pidió que el lomo cueste 80 pesos, dijo –como un Sarmiento de la modernidad– que la Patria la hicieron sólo los que vinieron de Europa y reclamó volver al país exportador de materias primas, cuando ese modelo siempre estuvo asociado a la pobreza de la mayoría de la población.

Igual, uno y otro, aplaudieron al Senado, pese a que la resolución del conflicto made in Cobos dejó como saldo que los grandes productores pagarán un 12 por ciento menos y los pequeños productores, un 10 por ciento más.

Cuando Buzzi tenga que seguir peleando por la Ley de Arrendamientos, cuando De Angeli ya no tenga los medios a su disposición y deje de firmar autógrafos, ¿seguirán pensando que aliarse a los poderosos les puede dejar ganancias a los pequeños? [Daniel Miguez: Página 12]

Comunicado

2008-07-16T19:52:00.000-07:00

Comunicado emitido por el cuerpo médico del Hospital Fernández ante la grave situación por la falta de insumos.

Los abajo firmantes, miembros del equipo de salud del hospital Juan A. Fernández expresamos por este medio nuestra preocupación por la grave situación de desabastecimiento hospitalario. La falta de insumos incluye desde elementos de alta tecnología para asistir enfermedades agudas y graves como infartos de miocardio, hasta insumos básicos como hojas de bisturí, alcohol, guantes de examen, medicamentos para asistir emergencias, entre muchos otros.

Se ha decidido desde el Ministerio de Hacienda un cambio en el sistema de compras, el cual, más allá de juzgar su validez, ha comenzado a impedir a los hospitales efectuar compras descentralizadas, sin haber puesto en marcha un sistema de compras a nivel central. Las consecuencias son dramáticas y ponen en serio riesgo la salud de nuestros pacientes, comprometen nuestra responsabilidad profesional y acentúan el deterioro del hospital público.

Lo descripto se suma a la falta de enfermeras y personal administrativo y a los centenares de vacantes profesionales que, pese a haber sido concursadas no se cubren.

Reclamamos a las autoridades correspondientes dar urgente solución a esta crisis y a la ciudadanía le solicitamos su apoyo para defender al hospital público".

FIRMAS:

Dr. Pedro Cahn (Jefe de la Unidad de Infectología, Htal. Fernández)

Dr. Daniel S. Lewi (Médico Oncológico, sección Oncología, Htal. Fernández)

Dr. Daniel Hugo Ceraso (Jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, Htal Fernández)

Dr. Germán Fernández

Dr. Héctor M. Perez (Médico)

Dra. María José Rolón (Médica Infectóloga)

Dr. José Antonio Valiente (Medico Infectólogo)

Dra. Sara Kaufman (Jefa de Sección Microbilogía, Htal. Fernández)

Dr. Guillermo Rey Kelly (Médico Infectólogo)

Dra. Graciela Ben (Médica Infectóloga)

Dra. Alicia Sisto (Médica)

Dra. Cecilia E. Calvar (Jefa de Endocrinología, Htal Fernández)

Dra. Graciela Oshiro (Infectóloga)

Dr. Adolfo Marantz (Oncólogo Clínico)

Dr. Albeto Allievi (Jefe Int. División A, Clínica Médica, Htal. Fernández)

Dra. Cristina Afione (Jefa División de Radiodiagnóstico, Htal. Fernández)

Dra. Sandra Liana Themines (Jefa Unidad 18 Clínica Médica B, Especialista en Clínica Médica y Nutrición, Htal Fernández)

Dr. Daniel Kartin (Jefe División B Clínica Médica, Htal. Fernández)

Dr. José Luís Presas (Jefe de Unidad 15 División B, Htal Fernández)

Dr. Martín Winkel (Especialista en Clínica Médica)

Dr. Jorge A. Tavosnanska (Médico Pediatra – Neonatólogo, Jefe de Unidad, Htal. Fernández)

Dr. Ricardo L. Hermes (Jefe División de Laboratorio de Análisis Clínico, Htal. Fernández)

Dra. María E. Vázquez (Médica Infectóloga)

Dr. Alberto Yorio (Jefe de Neurofisiología, Htal. Fernández)

Dra. María Laura Fischer (Médica)

Dr. Osvaldo Cando (Bioquímico)

Dra. Liliana E. Díaz (Bioquímica)

Dr. Daniel Cuatz (Médico Infectólogo)

Dr. Miguel A. Pagano (Jefe Unidad de Neurología, Htal. Fernández)

Dr. Jorge Lattner (Médico Infectólogo)

Dr. Horacio Caviglia

Dra. Agueda Weinszhier

*Fuente: anibalibarra.org.ar

Hospitales con respirador artificial

2008-07-16T07:22:00.000-07:00

Treinta médicos del Hospital Fernández –donde el ministro Jorge Lemus fue director– advirtieron sobre las consecuencias “dramáticas” de la “grave situación de desabastecimiento hospitalario”. Reclamos en el Durand, en el Gutiérrez y en el Tornú.

El sistema de compras de insumos para los centros de salud porteños que implementa el gobierno de Mauricio Macri ha generado una “grave situación de desabastecimiento hospitalario” cuyas consecuencias “son dramáticas y ponen en serio riesgo la salud de nuestros pacientes”. La expresión corresponde a una nota firmada por treinta médicos del Hospital Fernández, en su mayoría jefes de servicio y, si bien es válida para su lugar de trabajo, podría aplicarse a otros centros de salud de la ciudad de Buenos Aires. Como el Hospital Durand, donde hoy los profesionales realizarán un “abrazo” al edificio, con un reclamo similar; el de Niños Ricardo Gutiérrez, donde todavía persisten los problemas denunciados en estas páginas hace dos semanas, o en el Tornú, donde días atrás los profesionales hicieron un corte de calle. En el Ministerio de Salud le adjudican la responsabilidad a Hacienda y admiten que “hubo que cambiar el esquema original de compras centralizadas”, que no funcionó.

“Es como tirar la heladera vieja antes de que le entreguen la nueva: se le pudre toda la comida”, graficó Pedro Cahn, jefe de Infectología del Fernández, con el primer ejemplo que encontró a mano. Se refería al cambio del sistema de compras de insumos, que hasta el 30 de junio manejó cada hospital y que a partir de ese día maneja en forma centralizada el Ministerio de Hacienda.

Los médicos del Fernández advierten que “la falta de insumos incluye desde elementos de alta tecnología para asistir enfermedades agudas y graves, como infartos de miocardio, hasta insumos básicos, como hojas de bisturí, alcohol, guantes de látex y medicamentos para asistir emergencias, entre otros”.

En la nota, dirigida a la Defensoría del Pueblo de la ciudad y a la de la Nación y a la Comisión de Salud de la Legislatura, los médicos no cuestionan la validez del cambio del sistema de compras, sino que el nuevo esquema “ha comenzado por impedir a los hospitales efectuar compras descentralizadas sin haber puesto en marcha un sistema de compras a nivel central”.

“En nuestro servicio, por ejemplo, faltan reactivos para hacer hemogramas u otros análisis, pero en cirugía cardiovascular no hay elementos

para intervenciones en emergencias coronarias”, comentó Cahn a PáginaI12. Para el especialista, al problema de insumos se agrega la falta de personal de enfermería y administrativo: “Hay una sala de terapia que no se puede habilitar por falta de enfermeras. Y en Infectología, a las dos administrativas les paga el sueldo la Fundación Huésped”. “La crisis no empieza con esta administración pero, lejos de arreglarse, se empeoró”, sentenció el profesional.

Una situación similar se vive en el Hospital Durand, donde hoy los profesionales realizarán una asamblea y un abrazo al edificio, con el apoyo de los gremios y de agrupaciones de vecinos. Allí, al problema de los insumos y del personal se suma el cese del servicio de vigilancia. “En Neonatología, ahora hay dos colaboradoras de la cooperadora, que cuidan para evitar un eventual robo de bebé”, contó a este diario Oscar Trotta, médico pediatra.

“Hay dos pisos cerrados por falta de mantenimiento. Y el tomógrafo no presta servicio por falta de pago a la empresa privada que lo gestiona”, agregó el profesional.

La Asociación de Médicos Municipales acompaña el reclamo. Su titular, Jorge Gilardi, le dijo a este diario que hace una semana “se acordó con los ministros de Salud y de Hacienda que la compra centralizada se haría sólo por 800 productos y el resto (alrededor de 10 mil productos) se descentralizaría. “Estamos haciendo un monitoreo para saber cómo se cumple”, enfatizó. Sin embargo, algunas asociaciones de profesionales acusan al gremio de “connivencia” con el gobierno.

En el Ministerio de Salud sostienen que la crisis no es nueva: “La caída del stock de insumos empezó en junio de 2007, cuando la anterior gestión (de Telerman), después de perder las elecciones, desfinanció los hospitales”, sostiene la médica Ana Aramburu, directora de la región sanitaria de la cual depende el Fernández y otros cuatro hospitales.

La funcionaria informó que desde el viernes hasta ayer se estuvo distribuyendo en hospitales cuatro canastas con los 800 productos. “Para casos muy específicos, como un stent para cirugías coronarias, el director tiene que pedirlo al ministerio”, dijo Aramburu

–Es como una economía de guerra... –observó PáginaI12.

–Es que todo cambio genera problemas –argumentó la funcionaria.

Según el anuncio de la titular de la región sanitaria, esta semana ya tendrían que haber llegado a los hospitales los fondos para las compras de los materiales no entregados, que vuelven a ser descentralizadas.

Silvia De Francesco, de la Asociación de Profesionales del Gutiérrez, dice que “han llegado muy pocos insumos: no hay demasiados cambios” respecto de la situación hace 15 días, cuando se denunció la crítica situación del hospital. “Es más, se agravó la situación de enfermería, porque las enfermeras dejaron de hacer horas extras, con lo que complementaban su sueldo y de paso cubrían los baches en el hospital”, relata De Francesco. Es que ese sector lleva la peor parte en el sistema: “Cobran sueldos bajos y con un promedio de edad de 45 a 48 años, y se desempeñan en áreas críticas, con un alto nivel de stress”. Hoy, una asamblea resolverá “cómo continúa el plan de lucha”.

Ana Aramburu, quien actuó como vocera del ministerio, admitió que el problema del personal es difícil de resolver, también a causa del desfinanciamiento. “Desde 2007 había 3000 profesionales designados para ingresar, que no pudieron incorporarse por razones de presupuesto. Recién este año pudimos ingresar a 1450, y estamos empezando a refinanciar el resto. Todos están nombrados por concursos, algunos en 2004, 2005 o 2006.” El problema más grave es en el sector enfermería: “Hay poco personal, trabaja en malas condiciones y está mal pago, por lo que prefiere irse al sector privado”, concluyó. [Página 12: Eduardo Videla]

*Ver comunicado emitido por el cuerpo médico del Htal. Fernández

Dime con quien andas....

2008-07-14T07:35:00.000-07:00

CACEROLAZO

2008-03-15T08:45:00.000-07:00

"Cacerolazo" en varios puntos de la
Ciudad contra el cierre de talleres

Fue anoche, en repudio a la decisión del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, de recortar las horas en las actividades gratuitas. El lunes, sólo abrirán sus puertas 680 de los 1.200 que funcionaban hasta el año pasado. Los docentes dicen que "el presupuesto está", pero "hay profesores sin cobrar desde enero".

Vecinos porteños realizaron "cacerolazos" en cinco puntos diferentes de la ciudad para protestar por el recorte de horas cátedra en talleres culturales, que en concreto implicará el cierre de unos 600 centros a los que asistían alrededor de 24 mil personas, dispuesto por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.

Las protestas de centenares de vecinos fueron realizadas en forma simultánea a las 19 en cinco puntos metropolitanos: Rivadavia y Culpina, Alberdi y Murguiondo, Cabildo y Federico Lacroze, Asamblea y Emilio Mitre y Corrientes y Ángel Gallardo, donde están ubicados diferentes centros de gestión personalizada (CGP).

La manifestación fue en repudio a la decisión de recortar las horas en los talleres gratuitos que brinda la ciudad como parte del Programa Cultural en Barrios que debieran comenzar el próximo lunes, cuando abrirán sus puertas sólo 680 de los 1.200 que funcionaban hasta el año pasado.

En la avenida Rivadavia, en pleno barrio de Flores, casi un centenar de personas de centros culturales de la zona se manifestaron con carteles, pintadas con grafitis y cacerolas, aunque sin abandonar el gesto artístico, ya que algunos lo hicieron vestidos como en una murga y otros en zancos junto a muñecos.

En un petitorio para que el gobierno de Macri de marcha atrás con su plan -será presentado en el Ministerio de Cultura- los vecinos expresaron su "total disconformidad con la baja de horas cátedras de los docentes del programa cultural en barrios", que beneficia a unas 50 mil personas.

Entre carteles que decían "La cultura no es un negocio" y pedían "Por el derecho a la cultura y el trabajo", Daniel Conte, delegado de ATE de los docentes que trabajan en los espacios culturales, manifestó a Télam que "el presupuesto está", pero el problema es que "hay profesores sin cobrar desde enero y que en marzo se enteraron de que sus talleres cierran".

Se trata de "un desguace cuyo objetivo es que los talleres terminen cerrándose", a lo que se suma que algunos profesores fueron despedidos por la administración macrista y nunca reincorporados, indicó Conte, que trabaja en el centro cultural Parque Avellaneda.

Entre los manifestantes, que se ubicaron sobre la calle Rivadavia cada vez que el semáforo se puso en rojo, estaba Belén Sopransi, quien contó a Télam que "todos sus profesores están precarizados" y que "los talleres eran lugares de contención", en los que "ya no se sabe lo que va a pasar, aunque está claro que mucha gente va a quedar afuera, porque el tema son los cupos". [Agencia Telam]

TOMALA VOS... DÁMELA A MÍ

2008-03-08T17:40:00.000-08:00

Autorizan las obras en el arroyo Maldonado, pero hay polémica

SON DOS ALIVIADORES CONTRA LAS INUNDACIONES BAJO LA AVENIDA JUAN B. JUSTO

La oposición critica la relación de la empresa adjudicataria con la familia Macri.

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó el jueves el decreto para autorizar el inicio de las obras contra las inundaciones en la cuenca del arroyo Maldonado. Sin embargo, se reavivó una polémica. Es que la empresa a cargo de los trabajos, la italiana Ghella, es socia de Iecsa, una firma vinculada a SOCMA, el grupo de los Macri.

La construcción de los dos canales aliviadores para el arroyo entubado que corre bajo Juan B. Justo es una de las obras más caras de la Ciudad. Son unos 200 millones de dólares, financiados en un 68% por un crédito del Banco Mundial y el 32% con fondos propios de la Comuna.

El pedido del crédito fue aprobado en 2005 por la Legislatura, y luego el entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, consiguió el préstamo. En abril de ese año comenzó el proceso de licitación.

Ese paso se dio el año pasado, ya durante la gestión de Jorge Telerman. Se presentaron siete empresas, pero sólo tres llegaron a la etapa de la oferta económica. Una de ellas fue Ghella, una muy conocida firma italiana de construcción, que entre otras cosas hizo parte de los subtes de Roma y los túneles del tren Transiberiano. Por su solvencia financiera, la firma pidió para hacer la obra del Maldonado la mitad del dinero que el resto de los oferentes, y así ganó la licitación, a la que se presentó sin socios.

Paralelamente, en febrero del año pasado Franco Macri, padre de Mauricio, le vendió Iecsa, una de sus empresas constructoras, a un pariente, Angelo Calcaterra, quien además había trabajado como gerente de SOCMA. Lo llamativo es que en noviembre pasado Calcaterra transfirió la mitad de sus activos a Ghella, cuando esta firma ya había ganado la licitación por el Maldonado. Ambas empresas, entonces, pasaron a ser socias. De hecho, se presentaron y ganaron, junto a otras firmas, la licitación para construir la primera etapa del soterramiento del tren Sarmiento, obra promovida por el Gobierno nacional.

Ante este panorama, Ibarra afirmó: "Me permito sospechar que los Macri traspasaron Iecsa como una forma de escudarse, para que luego no se cuestionara su asociación con Ghella, que ya había conseguido un contrato con la Ciudad. Además, Iecsa tiene contratos para obras en la Ciudad, como la construcción de pasos bajo nivel".

En el Gobierno porteño rechazaron esta postura: "La adjudicación fue hecha sólo a Ghella y en la anterior gestión. Si luego la empresa buscó socios, nada tiene que ver el Gobierno".

Un argumento similar dieron fuentes cercanas a Telerman. "Ghella es una empresa reconocida en el rubro, que hizo la mejor oferta. En la licitación se presentó sola", explicaron.

Por otra parte, en Ghella le afirmaron a Clarín que Iecsa no tiene participación en la obra del Maldonado. Lo mismo sostuvieron en esa firma. [Clarín] *ver nota en Diario Clarín

El vídeo reproduce la discusión entre Anibal Ibarra y Diego Santilli en el programa "A dos voces" donde Ibarra denuncia que la principal obra de la Ciudad (de U$S 200.000.000) está en manos de una empresa del grupo Macri (IECSA). De ese mismo programa participó en el bloque siguiente Mauricio Macri, quien pese a tener la posibilidad de responderlo no lo hizo. [argentinomias] *ver.

Un verdadero cuento del tío Mauricio

2008-03-08T07:48:00.000-08:00

Macri denuncio corrupción en la compra de alimentos, pero dejó todo tal como estaba

El jefe de Gobierno mantuvo sin cambios el área encargada de adquirir la comida para los programas sociales, a pesar de haber denunciado que era “una cueva de corrupción y de ladrones” y prometido que “las cosas se van a hacer de otra manera”.

La decisión de Mauricio Macri de prorrogar el sistema de compras de alimentos para los programas sociales porteños pasaría inadvertida si no fuera porque el mismo jefe de Gobierno denunció haber encontrado en esa área uno de los mayores focos de corrupción de la administración local. “Los programas alimentarios eran una cueva de corrupción y de ladrones”, afirmó Macri en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura. No fue ésa su única referencia al tema: a fines de enero convocó a los medios al depósito donde se acopia la comida que luego se reparte en los comedores comunitarios y allí denunció que por los alimentos se pagaban sobreprecios de hasta el 65 por ciento. “A partir de ahora las cosas se van a hacer de otra manera. No es que seamos geniales, simplemente que vamos a pagar por los tomates y por la harina el precio que corresponde o un poco menos”, dijo ese mismo día Macri. Hoy, sin embargo, todo sigue igual y, encima, al mando del mismo funcionario.

La denuncia de Macri fue una de las más rimbombantes de su corta gestión. El jefe de Gobierno la realizó el pasado 25 de enero e hizo toda una puesta en escena: se apersonó junto a los ministros de Hacienda, Néstor Grindetti, y de De-sarrollo Social, Esteban Bullrich, en el depósito que la Unidad de Proyectos Especiales Compras de Alimentos para Programas Sociales (Upecaps) tiene en Villa Ortúzar y allí arremetió contra las anteriores gestiones, en particular la de Aníbal Ibarra.

Con una escenografía de cajas a su alrededor y paquetes de alimentos que con sus propias manos exhibía a los periodistas que acudieron al lugar, Macri aseguró ese día que los sobreprecios de “hasta el 65 por ciento” que pagaron sus antecesores implicaron pagarle “dos millones de pesos más” por mes al principal proveedor de la ciudad en ese rubro. “No nos pone contentos tener que seguir destapando dependencias de la municipalidad en las que había tanta oscuridad y mucho menos cuando se encuentra semejante nivel de corrupción, como en este programa de asistencia alimentaria que se inició en 2002, durante la gestión de Ibarra”, completó el jefe de Gobierno.

En efecto, fue el ahora legislador de Diálogo por Buenos Aires quien creó la Upecaps. Lo hizo por medio del decreto 1647/02, donde se precisa que esa unidad tiene a su cargo “la gestión de la compra de alimentos a requerimiento de los responsables de los distintos programas sociales dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social y su almacenamiento”.

Además de volver sobre el tema de la “corrupción” de los programas alimentarios en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, Macri insistió con el asunto días atrás, durante una entrevista que Joaquín Morales Solá le hizo en su programa Desde el llano. Entonces, dijo que habían hallado un “antro de corrupción donde se compraba la comida para las villas” y, para darle un tinte de seriedad al asunto, aclaró “nos gusta hacer denuncias cuando tenemos fundamentos”.

Pero una cosa es lo que Macri dijo en público y otra lo que hizo puertas adentro del gobierno porteño. El 18 de enero –o sea una semana antes de su aparición en el depósito de Villa Ortúzar– Grindetti y el jefe de Gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron el decreto 58/08 que prorroga hasta fin de año el funcionamiento de la Upecaps y mantiene al contador Francisco Ciorciari como coordinador de esa unidad.

Ciorciari fue designado en ese cargo por medio del decreto 117/07, durante la administración de Jorge Telerman. Hasta ayer seguía en su despacho en la sede de la Upcaps, en Charlone 1557.

Los fundamentos del decreto que prorroga el funcionamiento de la Upecaps –publicado el pasado 13 de febrero en el Boletín Oficial Nº 2869– contradicen todo lo que Macri denunció en público: hablan de “la necesidad de optimizar los recursos disponibles a fin de implementar instrumentos de gestión eficaces para el apoyo de la ejecución de programas sociales para los sectores más vulnerables”.

Semejante contradicción entre lo dicho y lo hecho por Macri llevó al legislador, Raúl Puy, a presentar un pedido de informes en la Legislatura. [ver proyecto del Diputado Puy] “¿Cómo se explica que prorrogue la designación de Ciorciari cuando, por su cargo, sería el responsable directo de las operaciones denunciadas?”, pregunta allí el socialista enrolado actualmente en Diálogo por Buenos Aires.

Puy viene siguiendo de cerca la gestión de Macri. Fue, de hecho, quien denunció la entrega a Boca de las renovadas canchas de fútbol y los vestuarios de Parque Sarmiento. En su pedido de informes, firmado por el resto de los miembros de su bloque, el legislador también planteó cómo puede ser que “se prorrogue el procedimiento especial para la compra de alimentos, habiendo sido cuestionado públicamente por el jefe de Gobierno” “¿Cómo se explica –apuntó también– que el ministro de Hacienda de la gestión anterior Sergio Beros, al que por su cargo le cabría alguna responsabilidad en las denunciadas operaciones, haya sido propuesto por el Poder Ejecutivo como Director del Banco Ciudad?”

En diálogo con Página/12, Puy subrayó que “esto pone en evidencia las contradicciones de Macri o su mala fe, porque uno puede suponer varias cosas: que nunca hubo ningún tipo de sobreprecio o que, si hubo, ahora se está haciendo lo mismo o peor”. El legislador analizó que “en verdad, Macri quiere demostrar que es lo nuevo; que las anteriores administraciones eran un desastre y que ahora viene a solucionar todo”. [Por Santiago Rodríguez: Página 12] *ver nota en Página 12

Reunión IBARRA - PSOE

2008-03-07T17:41:00.000-08:00

Aníbal Ibarra se reunió con miembros del PSOE

El legislador porteño, Anibal Ibarra se reunió esta tarde con representantes en el país del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a quienes expresó su apoyo político y manifestó su "repudio" al acto terrorista que hoy quitó la vida a un ex concejal de ese partido en España.

El ex jefe de gobierno de la ciudad encabezó un grupo de legisladores entre los que se encontraban los Diputados Raúl Puy y Gonzalo Ruanova, que se reunieron con las máximas autoridades del PSOE en Argentina.

Se calcula que en todo el territorio votarán unos 100 mil españoles emigrados (de los cerca de 250.000 habilitados) este domingo, en los comicios que tienen al presidente José Luis Rodríguez Zapatero como favorito.

Según contó Ibarra a Télam, el encuentro tuvo el "doble objetivo" de mostrar "el acompañamiento político" del bloque que lidera en la comuna, Diálogo por Buenos Aires, al PSOE, y a la vez repudiar el atentado terrorista cometido hoy en el país europeo.

En la reunión participaron Félix Mues Berrade, presidente de la Comisión Ejecutiva del PSOE en Buenos Aires, la secretaria general de la entidad, María de los Angeles Ruisánchez, y el secretario de Organización, Evaristo Oroña Marcote.

"La argentina está involucrada en esta elección", consideró Ibarra, e informó que "debido a la coyuntura" les entregó a las autoridades españolas la copia de un proyecto de declaración de repudio por atentado que ingresó a la Legislatura.

Los otros legisladores que se hicieron presentes en la sede del PSOE en el país, ubicada en Perón y la avenida 9 de Julio, fueron Gonzalo Ruonova y Raul Puy, también de Diálogo por Buenos Aires.

Según expresaron a esta agencia, allí se informaron acerca de la campaña del PSOE y charlaron los debates entre Zapatero y su principal rival, Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP).

Tanto Ibarra como Mues coincidieron en que el atentado de hoy, que atribuyeron a la organización ETA y causó la muerte de Isaías Carrasco, no afectará los resultados del domingo.

Como antecedente, hace cuatro años el electorado se inclinó hacia el entonces candidato socialista y actual jefe de Estado español tras el atentado en la estación madrileña de Atocha.

Según Mues, los diputados argentinos "querían saber cómo nosotros opinamos que iban las elecciones", a lo que agregó que en el partido tienen "la certidumbre de que ganamos".

Respecto a la muerte del ex concejal del PSOE, el español sostuvo que "no va a favorecer o perjudicar a nadie" y que "al PP ni le va ni le viene", aunque dejó en claro que ningún partido "tiene que aprovechar para hacer política con esto".

Fuente: 07 de marzo (Télam-NG) [*ver nota en DERF]

INDULTO PORTEÑO

2008-03-07T04:24:00.000-08:00

Macri le perdonó a Riquelme multas de tránsito

Después de imponer la ley del scoring, el Jefe de Gobierno le dio trato preferencial a la estrella de Boca. La revista Veintitrés reveló además que hay servicio VIP para famosos. La polémica.

Mauricio Macri le “perdonó” a Juan Román Riquelme todas las multas acumuladas desde marzo de 2007. El listado incluye faltas graves como violar una luz roja, superar la velocidad permitida, conducir y hablar por celular al mismo tiempo, y omitir el uso del cinturón de seguridad. Así lo revela una investigación publicada hoy en la revista Veintitrés.

Voceros del macrismo admitieron que a Riquelme se lo eximió del pago de algunas faltas, pero deslindaron responsabilidades en el controlador a cargo del trámite. Desde el viernes pasado, el gobierno está “auditando el trabajo de estos funcionarios para detectar y corregir posibles irregularidades en el sistema”.

La nota dice que “desde el Ejecutivo porteño salió la comunicación con la Dirección General de Administración de Infracciones, a cargo de Hernán Pablo Gianni. El funcionario llegó a su puesto de la mano del ex juez federal Guillermo Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad. Gianni recibió en su despacho una llamada clave: 'Hay que atender a Riquelme'. Su secretaria, Andrea Scanga, recibió al jugador y le sorteó un controlador”.

“Para iniciar el trámite, cualquier ciudadano debe acercarse a la dependencia correspondiente, tomar un número y esperar, como mínimo, media hora para recibir destino”, agrega la revista.

Consultados por Crítica de la Argentina, voceros del gobierno porteño explicaron: “Riquelme entró a la sala donde había que esperar para pagar y se revolucionó la oficina. La gente hacía cola para sacarse fotos con él. Se decidió esconderlo en la Dirección General para evitar amontonamientos. Pero igualmente fue sorteado y le tocó un controlador como al resto de las personas”. En otro párrafo, la nota dice: “El jugador debería haber pagado entre tres mil quinientos y cuatro mil pesos. A las arcas porteñas, llegaron de su bolsillo tan sólo 175”.

En el macrismo, respondieron: “Es el controlador quien determina cuáles multas deben pagarse. Puede haber actas mal confeccionadas por errores de quien las labró o porque la foto no muestra la patente con claridad”.

Nancy Pazos también tiene coronita

Hay varios vecinos que tienen trato preferencial en el gobierno porteño. Una de ellas es la periodista Nancy Pazos, esposa del legislador macrista Diego Santilli. Pero no todos los famosos son iguales: Nancy Duplaá, Pablo Echarri, Martín Seefeld y Florencia de la V no utilizan las ventajas de la popularidad para pagar sus multas. “No hay ninguna sala vip ni atención privilegiada para famosos”, dijo un vocero macrista.

Bochini hizo la cola como todos

Ricardo Bochini fue uno de los jugadores más habilidosos del fútbol argentino. Al igual que Riquelme, tenía una gambeta endiablada y fue ídolo de Independiente. Sin embargo, no le alcanzó para obtener los “privilegios” de Román. Como cualquier hijo de vecino, se lo pudo ver al “Bocha” haciendo la cola para pagar sus multas. “Está mal que haya gente privilegiada, todos tendríamos que ser iguales para el gobierno”, se quejó.

*ver nota en el Diario Crítica